La Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela presentó el pasado lunes un contundente escrito en el que exigió “el cese de la represión” y que “se lleven a cabo investigaciones exhaustivas” tras los comicios en el país caribeño.
El Gobierno de Venezuela debe detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando el país desde la celebración de la elección presidencial el 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”, manifestó; al tiempo que puntualizó que “las protestas en la calle, así como en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado”.
En diálogo con Infobae, Patricia Tappatá, una de las tres integrantes de la Misión, explicó qué es lo que más le preocupa del clima postelectoral en Venezuela, analizó el patrón común de las detenciones ocurridas en las últimas dos semanas y dijo que el grupo presta especial atención al hecho de que más de 100 niños, niñas y adolescentes fueron imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas.
En nuestro último informe, en septiembre de 2023, concluimos que la maquinaria represiva del Estado seguía vigente y podía activarse a voluntad de acuerdo a las circunstancias. Ahora estamos asistiendo no solo a la reactivación de esa maquinaria, sino a una reactivación acelerada y más extendida, en particular hacia los sectores más pobres de Venezuela”, comenzó la investigadora su conversación con Infobae.
Y siguió: “Las muertes durante la primera semana de protestas postelecciones son inaceptables y deben ser investigadas de manera independiente. Eso resulta difícil en las actuales circunstancias porque el Poder Judicial, y en particular la Fiscalía, están actuando en sumisión a lo que dictan las más altas autoridades del gobierno. En nuestros informes anteriores llamamos la atención sobre la falta de independencia del sistema de justicia. No hay independencia entre los poderes en Venezuela”.
En su reporte del lunes, la Misión indicó que lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto en el contexto de las protestas. En 18 casos las víctimas fueron hombres menores de 30 años.
Tappatá dijo que la situación “es difícil también porque el clima de temor se generaliza mientras aumentan las detenciones. Nadie confía en nadie y se sospecha de los vecinos o de los amigos. Se promueve y estimula la delación para que personas que están en libertad o ya detenidas señalen a opositores -o a quienes el gobierno percibe como opositores-, o a los ciudadanos que eligen manifestar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados electorales del 28 de julio. Esto recuerda los tiempos más oscuros de otros países. Además, la detención de niños y niñas, entre 13 y 16 años, algunos con discapacidad, es totalmente desproporcionada y se lleva a cabo sin respeto por las reglas mínimas de protección de la niñez”, puntualizó.
Luego narró: “Antes de estas últimas elecciones, estuvimos investigado casos graves de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de opositores políticos o personas que el Gobierno percibía como enemigos. Pero hoy, luego de que el gobierno comunicó los resultados electorales, estos casos se han incrementado. Así lo demuestran la detención de Freddy Superlano, de otros dirigentes con responsabilidades en la campaña o en la organización de la coalición opositora y las propias amenazas lanzadas contra Edmundo González y María Corina Machado”.