La firma de la carta de reconocimiento a los resultados electorales del 28 de julio por parte de Edmundo González, previo a su exilio en España, trajo consigo un “tsunami” de crisis política en ambos países. Según el experto en Derecho Constitucional Rodrigo Rivera, el 7 de septiembre ocurrió “un quebrantamiento en complicidad con el Embajador español”.
Ramón Santos, representante de España en Caracas, luce firme en las fotografías donde acompañó a Edmundo González, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez en la firma del documento que hundiría al opositor y culminaría por aprobar su salida del juego político en el país.
Más como político y menos como Embajador, Santos permitió, presenció y calló lo que acontecía en la sede diplomática.
“El asilo, precisamente, protege a quien es perseguido injustamente, y en este caso, la Embajada tenía que brindar protección a quien lo solicitó (Edmundo González) (…) En realidad quien ha cometido el delito, en principio del derecho internacional, es el Embajador español”, apuntó el especialista, quien asegura que Santos no debió permitir el ingreso de los oficialistas, considerando la orden de captura emitida contra González.
A nivel jurídico, Rivera habla sobre un “abuso de poder público” y “un crimen de lesa humanidad”, como lo son las amenazas y coacciones contra González Urrutia.
Hay un abuso del poder público por parte de Delcy y Jorge Rodríguez, porque no son precisamente las personas que tienen legitimidad para realizar una actuación de este tipo, porque el tema electoral no es de competencia ni de la Asamblea ni mucho menos de la Presidencia”, apuntó el abogado.
La actuación del Embajador Santos no quedó en las sombras. Todo lo contrario, este jueves 18 de septiembre el líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo fue la primera figura política que exigió al Gobierno de Pedro Sánchez el despido inmediato del diplomático.
“En realidad, ser cómplice de un crimen de esta naturaleza lo descalifica para tener representación internacional”, dijo Rivera sobre Santos. “Esto va a causar un debate en la política española. A Sánchez no le va a quedar más remedio que destituir a este embajador”, sostuvo.
Los hermanos Rodríguez
Al ser consultado sobre los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, quienes llevaron a la Embajada española la carta que González Urrutia debía firmar para exiliarse, el abogado Rivera asegura que sus competencias, como Vicepresidenta de la República y Presidente de la Asamblea Nacional, quedarían fuera de una gestión de tipo electoral, debido a que “las únicas personas autorizadas, en este caso, serían del Consejo Nacional Electoral”.
Pero, hay un factor que les dio “carta libre” para asumir el rol de representantes del oficialismo en la forzada negociación: José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España.
Fueron los hermanos Rodríguez porque son los que tienen conchupancia con Zapatero (…) Él ha sido el supuesto mediador imparcial en relaciones de España y Venezuela, pero ha sido un encomendero y protector del gobierno. Se trasladó a Venezuela justo en esos tres días cruciales de la salida de Edmundo para negociar justamente su salida y la promesa de que sería asilado”, expuso Rivera.
Con el respaldo de Zapatero, la orden de aprehensión de la Fiscalía en contra de González y las coacciones denunciadas por el mismo opositor, Rivera asegura que Delcy y Jorge estaban listos para anotar “una victoria” para el oficialismo en Venezuela.
De hecho, la primera figura del Gobierno que informó la salida de Edmundo González el pasado 7 de septiembre fue precisamente la Vicepresidenta.
“Esta actuación de los hermanos Rodríguez desnuda lo perverso que es este Gobierno (…) Pero, como dice el dicho, les salió el tiro por la culata”, opinó Rivera sobre el comunicado emitido por Edmundo González este miércoles en el que “destapó la olla” asegurando que fue presionado a firmar este documento.
En un vídeo compartido en redes sociales por el opositor, relató parte de lo sucedido ese 7 de septiembre. «Se presentaron con un documento que tendría refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones», expuso González Urrutia.
Los “platos rotos”
Este jueves 19 de septiembre se cumplieron las “24 horas” que Jorge Rodríguez le dio a Edmundo González para “desmentir” sus acusaciones hacia el Gobierno venezolano por la presión que, asegura, fue ejercida para facilitar su firma.
Rodríguez afirmó que, si González no “rectificaba”, mostraría “más pruebas de las conversaciones entre ambos”. Sin embargo, el experto en Derecho Constitucional Rodrigo Rivera opina que, paralelamente, llegó en un momento “favorable” el reconocimiento por parte del Parlamento Europeo a Edmundo González como presidente “legítimo” de Venezuela.
“Con la aprobación del Parlamento Europeo, muy poco espacio le queda a Jorge Rodríguez con tales vídeos. Además, ¿Qué puede decir un vídeo que canallamente y bajo coacción lo ha obtenido? No mucho”, aseguró el analista.
A juicio de Rivera, “el Gobierno venezolano ha cometido un error garrafal”, tomando en cuenta que González Urrutia “sopesó la situación” desde Madrid.
Yo diría que les salió mal el disparo, porque Edmundo aceptó momentáneamente salir de esa coacción para ser de mayor utilidad a la lucha del pueblo venezolano desde el exterior, y fíjate que lo ha conseguido, consiguió el reconocimiento del Parlamento Europeo”, resaltó.
En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez podría estar cerca de pagar los “platos rotos” con las acciones de su Embajador. “Indudablemente esto va a ser complicado. Dentro de la política española se van a presentar choques porque van a exigir el cese de las funciones del Embajador. Las posibilidades de Sánchez son limitadas, una de ellas es reconocer a Edmundo o exigir fuertemente las actas electorales”, sostuvo el abogado Rivera.
A partir de este momento, Rivera estima que “es impredecible” el próximo paso que puedan dar los Gobiernos de Venezuela y España. No obstante, lo que sí es seguro es que en ambas partes se aproxima un plan de “control de daños” tras esta polémica diplomática.