Por: José Luis Centeno S.
Injusticia sin final: Diez años de injusta prisión y siete de un ilícito despojo.
El derecho, en su acepción más pura, debería ser el refugio de la libertad y el dique de contención contra el arbitrio. Sin embargo, en la Venezuela contemporánea, nos topamos con historias que desafían la lógica jurídica y desgarran la fibra humana.
El caso de Kamel Salame Ajami no es solo un expediente más; es la crónica de un viacrucis que se extiende por casi dos décadas, una afrenta a la majestad de la justicia que hoy, desde esta tribuna y tras haber acompañado cada paso de este viacrucis, me veo compelido a denunciar con la vehemencia que solo la verdad permite.
Kamel Salame, empresario y líder social, cuya única “falta” parece haber sido el ejercicio legítimo de su voluntad política, enfrentó la noche más larga que un ciudadano puede padecer: 3.657 días de privación de libertad.
Diez años de un secuestro institucionalizado bajo el ropaje de un proceso penal que, tras un juicio oral y público exhaustivo, demostró ser un montaje burdo, una arquitectura del engaño diseñada para aniquilarlo civilmente. Pero lo que resulta verdaderamente dantesco no es solo la injusta prisión, sino el escenario post-absolución.
El 26 de noviembre de 2021, el Tribunal Quinto de Juicio del Estado Aragua dictó una sentencia absolutoria, hoy definitivamente firme. En un Estado de Derecho, tal decisión debería haber marcado el fin de la tragedia.
El artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal es taxativo: la sentencia absolutoria ordenará la libertad del absuelto, la cesación de las medidas cautelares y la restitución de los objetos afectados al proceso. Es un mandato que no admite interpretaciones dilatorias ni ambages burocráticos.
No obstante, Kamel Salame lleva siete años, 84 meses, privado de sus derechos civiles en un limbo jurídico que solo puede calificarse como desacato. A pesar de que la justicia lo declaró inocente de cada uno de los delitos forjados, el aparato administrativo del Estado se niega a restituirle lo que por ley y por derecho le pertenece.
Sus bienes, el fruto de una vida de trabajo empresarial, siguen secuestrados por organismos que, como el Servicio de Bienes Recuperados y el SAREN, actúan al margen de la Constitución y de las órdenes judiciales expresas.
Estamos ante una patología institucional donde los funcionarios públicos, despojados de su deber de probidad, ignoran deliberadamente las decisiones del Poder Judicial. El desacato a una orden judicial no solo es una falta administrativa grave, sino que conlleva responsabilidad penal. Ahí se las dejo.
¿Cómo explicarle a un hombre que sobrevivió a cinco cárceles, que fue paseado por el sistema penitenciario como un trofeo de caza política, que ahora, en libertad plena, no puede disponer de su patrimonio?
Sus propiedades siguen en manos de quienes hoy, en una contumacia flagrante, se burlan de la sentencia que ordenó su devolución. Es un capitis deminutio moderno; una muerte civil que busca quebrar el espíritu de quien no pudieron doblegar tras las rejas.
Ante la sordera de las instituciones nacionales y el rechazo de recursos de amparo y carencia que solo han servido para confirmar su indefensión, hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso de Kamel, admitido y ya en etapa de fondo, es una prueba de fuego para el Estado venezolano. La Comisión ha determinado violaciones graves al debido proceso y a la libertad personal.
Bajo el criterio de reparación integral, el Estado no solo deberá devolver cada ladrillo arrebatado, sino indemnizar el daño moral, físico y patrimonial causado por este error judicial y este retardo injustificado. La Constitución es clara en su artículo 49, numeral 8: toda persona tiene derecho a la reparación por situaciones jurídicas lesionadas por omisión injustificada de la justicia.
Este artículo no es solo una reseña técnica; es un grito de indignación. He visto a las hijas de Kamel crecer sin él, lo he visto vender pan árabe para reconstruir su vida mientras el Estado retiene ilegalmente sus empresas. Kamel Salame, en un encuentro con la prensa, ha salido con la frente en alto, sin odio, abrazando incluso a quienes fueron sus captores, pero la dignidad no es negociable.
La justicia que tarda no es justicia, es una nueva forma de tortura. Mantener a un hombre absuelto privado de sus bienes y derechos es perpetuar el crimen que se inició hace 17 años, cuando fue objeto de una privación ilegítima de libertad fundamentada en imputaciones infundadas y tendenciosas, derivada de su victoria electoral como candidato a Alcalde del municipio capital del estado Yaracuy.
Exigimos el cese del desacato. Exigimos que la administración pública acate lo que un tribunal de la República ya sentenció. No se trata solo de Kamel; se trata de que, si su sentencia absolutoria es hoy un papel mojado, la libertad de todos los venezolanos está en peligro de extinción.
El viacrucis de más de 20 estaciones debe terminar. El Estado debe entender que el resarcimiento no es una opción, es una obligación constitucional que, más temprano que tarde, la justicia internacional hará efectiva.
Mientras tanto, seguiremos aquí, denunciando cada arbitrariedad, porque el silencio frente a la injusticia es complicidad. Kamel Salame Ajami es el símbolo de una resistencia que, armada de leyes y verdades, no se detendrá hasta que la última de las cadenas, la del despojo civil, sea finalmente rota.